In Mexico, elections are marred by a wave of assassinations that plague the country every time a political race is underway. The ruthless electoral cartel thrives on violence, targeting candidates who pose a threat to their opponents. Before candidates even have a chance to run, they are silenced, often through lethal means. In the upcoming presidential and congressional campaigns set to begin on March 1, as well as the local government campaigns counting up to 20,375 candidates, the atmosphere is already tense, with a dozen individuals losing their lives due to their electoral ties.
The victims of these political killings are not just random individuals; they are often political figures or individuals affiliated with organized crime. These perpetrators seek to strategically place their allies in local government positions, using their power to further their criminal activities and gain access to public funds. Unsurprisingly, these crimes predominantly occur in remote municipalities, nestled away from the watchful eyes of law enforcement.
While Mexico has made strides towards democracy, with free elections and diverse outcomes, a darker reality remains. Previously, under the dominance of the Institutional Revolutionary Party (PRI), known as the “perfect dictatorship,” the system was greased in such a way that dissidence was suppressed, and crimes were relatively fewer. However, with the advent of democracy, these mechanisms have crumbled, leaving many discontented individuals resorting to violence to ensure their desired results.
At the local level, where organized crime holds significant influence, the battle is fierce. Attacks designed to intimidate or eliminate opposition are rampant. In 2021 alone, there were 782 reported attacks of various kinds, including home invasions, abductions, torture, threats, and shootings. Traveling becomes perilous, as even a seemingly innocuous obstruction on the road could be a trap set by criminals.
Regrettably, these crimes not only shake the foundations of Mexico’s democracy but also leave political parties bereft of their strongest candidates. Fear permeates society, dissuading individuals from challenging the alleged perpetrators and casting a shadow over the legitimacy of the entire electoral process.
A solution to this crisis seems elusive. Criminals exert a powerful grip on the nation’s political landscape, and a lack of transparency allows them to thrive. Criminal law and policy expert José Antonio Álvarez León asserts that the annulment of a candidacy should be on the table when an assassination occurs, just as it is for electoral overspending. However, it appears that current efforts do not prioritize this crucial issue.
Mexico finds itself at a crossroads: is it a democracy struggling to establish peace or a nation plagued by an oversupply of criminals? The answer remains uncertain, but one thing is clear – until the cycle of violence is broken, Mexico’s democratic path will continue to be tarnished by bloodshed.
En México, las elecciones están ensombrecidas por una ola de asesinatos que azota el país cada vez que se desarrolla una contienda política. El despiadado cartel electoral se nutre de la violencia, apuntando a candidatos que representan una amenaza para sus oponentes. Antes de que los candidatos tengan la oportunidad de postularse, son silenciados, a menudo a través de medios letales. En las próximas campañas presidenciales y legislativas que comenzarán el 1 de marzo, así como en las campañas para el gobierno local que cuentan con hasta 20,375 candidatos, el ambiente ya está tenso, con una docena de personas perdiendo la vida debido a sus vínculos electorales.
Las víctimas de estos asesinatos políticos no son solo individuos al azar; a menudo son figuras políticas o individuos afiliados al crimen organizado. Estos perpetradores buscan colocar estratégicamente a sus aliados en puestos de gobierno local, utilizando su poder para impulsar sus actividades delictivas y obtener acceso a fondos públicos. No sorprendentemente, estos delitos ocurren predominantemente en municipios remotos, alejados de los ojos vigilantes de las fuerzas del orden.
Si bien México ha avanzado hacia la democracia, con elecciones libres y resultados diversos, existe una realidad más oscura. Anteriormente, bajo la dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conocido como la “dictadura perfecta”, el sistema estaba aceitado de tal manera que la disidencia era reprimida y los delitos eran relativamente menos frecuentes. Sin embargo, con el advenimiento de la democracia, estos mecanismos se han desmoronado, dejando a muchas personas descontentas recurriendo a la violencia para asegurar los resultados deseados.
A nivel local, donde el crimen organizado tiene una influencia significativa, la batalla es feroz. Los ataques diseñados para intimidar o eliminar a la oposición son frecuentes. Solo en 2021, se registraron 782 ataques de diversos tipos, que incluyen invasiones de hogares, secuestros, torturas, amenazas y tiroteos. Viajar se vuelve peligroso, ya que incluso un obstáculo aparentemente inocuo en el camino podría ser una trampa preparada por criminales.
Lamentablemente, estos delitos no solo sacuden los cimientos de la democracia en México, sino que también dejan a los partidos políticos sin sus candidatos más fuertes. El miedo impregna la sociedad, disuadiendo a las personas de desafiar a los presuntos perpetradores y arrojando una sombra sobre la legitimidad de todo el proceso electoral.
Una solución a esta crisis parece esquiva. Los delincuentes ejercen un poderoso control sobre el panorama político de la nación y la falta de transparencia les permite prosperar. El experto en derecho y política criminal, José Antonio Álvarez León, afirma que se debería considerar anular una candidatura cuando ocurre un asesinato, al igual que se hace por exceso de gastos electorales. Sin embargo, parece que los esfuerzos actuales no priorizan este tema crucial.
México se encuentra en una encrucijada: ¿es una democracia luchando por establecer la paz o una nación plagada de un exceso de criminales? La respuesta sigue siendo incierta, pero una cosa está clara: hasta que se rompa el ciclo de violencia, el camino democrático de México seguirá siendo ensombrecido por el derramamiento de sangre.
Definiciones clave:
– Cartel electoral: Un grupo o red de individuos que utilizan la violencia para influir en las elecciones y garantizar resultados favorables a sus intereses.
– Crimen organizado: Grupos criminales con estructuras jerárquicas y especialización en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, secuestros y extorsiones.
Enlaces relacionados:
– Presidencia de México
– Instituto Nacional Electoral
– Cámara de Diputados de México
